Declaración por HSN sobre la Marcha de migrantes de Honduras

Marcha de migrantes de Honduras: una crisis de refugiados causada por la política de los Estados Unidos y sus socios

El 12 de octubre de 2018, cientos de mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos decidieron abandonar Honduras como una respuesta desesperada para sobrevivir. El éxodo masivo que comenzó en la ciudad de San Pedro Sula alcanzó las más de 3 mil personas cuando el grupo cruzó a Guatemala. La caravana, que se dirige primero al norte de México, y a los Estados Unidos como objetivo, es la única alternativa que tiene esta gente para alcanzar un poco de la dignidad que se les ha arrebatado. No están solos en su viaje. Varias oleadas de hondureños, cuyo número aumenta a cada hora están siendo contenidas por las fuerzas de seguridad hondureñas en su frontera con El Salvador y Guatemala.

La Red de Solidaridad con Honduras en América del Norte condena cualquier amenaza y represión contra la caravana de refugiados, activistas de derechos humanos y periodistas que acompañan su viaje. Las condiciones de violencia, marginación y explotación en las cuales esta crisis de refugiados encuentra sus orígenes, han sido creadas, mantenidas y reproducidas por políticas de intervención social, económica y militar respaldadas por los Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados canadienses y en la región. Hacemos un llamado a las personas en los Estados Unidos para que rechacen la criminalización, el enjuiciamiento, la detención, la deportación y la separación familiar que amenazan a los miembros de esta marcha y las vidas de todos los refugiados obligados a abandonar sus hogares de la misma manera. Instamos a un cambio en la política de los Estados Unidos en Honduras y a terminar la ayuda a las fuerzas de seguridad para detener los abusos a los derechos humanos y la violencia del gobierno contra los hondureños.

Esta crisis de refugiados se ha visto exacerbada por los gobiernos de Guatemala y México, que subordinados a la administración de Donald Trump, han elegido el camino de la represión. Bartolo Fuentes, periodista hondureño y portavoz de los refugiados, fue detenido en Guatemala. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha enviado dos cargas de su Policía Nacional a la frontera con Guatemala. Irineo Mujica, activista de los derechos de los migrantes y fotoperiodista, fue arrestado en Chiapas por agentes del Instituto Nacional de Migración de México cuando se estaba preparando para apoyar la marcha de los migrantes hondureños. El viernes 19 de octubre, por la tarde, se lanzaron gases lacrimógenos contra el grupo cuando intentaban ingresar a México por el puente fronterizo.

La masiva huida forzada de personas de Honduras no es nueva. Es el legado de la intervención estadounidense en el país. Desde el golpe de estado respaldado por Estados Unidos en Honduras en 2009, el régimen posterior al golpe ha perpetuado un sistema basado en el desprecio por los derechos humanos, la impunidad, la corrupción, la represión y la influencia de los grupos del crimen organizado en el gobierno y en la élite del poder económico. Desde el golpe, hemos visto la destrucción de la educación pública y los servicios de salud a través de la privatización. La imposición de la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y la concentración de tierras en la agroindustria ha sumido al 66 por ciento de la población hondureña en la pobreza y la pobreza extrema. En los últimos 9 años, hemos presenciado cómo el asesinato de Berta Cáceres y muchos otros activistas, líderes indígenas, abogados, periodistas, miembros de la comunidad LGBTQ y estudiantes ha provocado una crisis humanitaria. Esta crisis se refleja en el desplazamiento interno y el éxodo sin precedentes del pueblo hondureño que ha llamado la atención pública en los últimos días.

Las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando Hernández, presidente desde elecciones cuestionables en 2013, fue reelegido para un segundo mandato en violación de la constitución hondureña, provocó la indignación nacional. La indignación del pueblo se enfrentó a una campaña gubernamental extremadamente violenta con fuerzas de seguridad militares, entrenadas por los Estados Unidos, para reprimir las protestas contra el fraude. El resultado de la represión fue de más de 30 personas asesinadas por las fuerzas del gobierno, más de mil detenidos y actualmente hay 20 presos políticos en prisión preventiva.

A la represión, intimidación y criminalización que enfrentan los miembros de la caravana de refugiados, respondemos con un llamado a la solidaridad desde todos los rincones del mundo. Ante la violencia que ha provocado el éxodo masivo de cientos de miles de hondureños, exigimos el fin de la ayuda militar y de seguridad de los Estados Unidos al régimen de Juan Orlando, no como la herramienta de chantaje utilizada por Donald Trump, sino como una forma de Garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo hondureño. Exigimos justicia para Berta Cáceres, para todas las víctimas de violencia política como consecuencia del régimen posterior al golpe, y la aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Honduras. Berta Cáceres – HR1299. Exigimos libertad para todos los presos políticos en Honduras. Exigimos que Estados Unidos ponga fin a la criminalización, el encarcelamiento, la separación, la deportación y el asesinato de migrantes y refugiados.

Hoy luchamos para que cada paso, desde Honduras al norte de las Américas, sea digno y libre.

Red de Solidaridad con Honduras en América del Norte

19 de Octubre 2018

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Honduran Migrant March: A refugee crisis caused by US Policy and US Partners

 

 

Solidarity with Refugees and Migrants!

Honduran Migrant March — A refugee crisis caused by US Policy and US Partners

On October 12, 2018, hundreds of women, men, children, youth and the elderly decided to leave Honduras as a desperate response to survive. The massive exodus that began in the city of San Pedro Sula, reached more than 3 thousand people by the time the group crossed to Guatemala. The caravan, which is headed north to Mexico first, and to the United States as the goal- is the only alternative this people have to reach a bit of the dignity that has been taken from them. They are not alone in their journey. Various waves of Hondurans, whose numbers increase every hour, are being contained by Honduran security forces on their border with El Salvador and Guatemala.

The Honduras Solidarity Network in North America condemns any threats and acts of repression against the refugee caravan, human rights activists and journalists that accompany their journey. The conditions of violence, marginalization and exploitation in which this refugee crisis find its origins, have been created, maintained and reproduced by US-backed social, economic and military interventionist policies, with the support of its Canadian and regional allies. We call on people in the US to reject the criminalization, prosecution, detention, deportation and family separation that threaten the members of this march and the lives of all those refugees forced from their homes in the same way. We urge a change of US policy in Honduras and to cut off security aid to stop human rights abuses and government violence against Hondurans.

This refugee crisis has been exacerbated by the governments of Guatemala and Mexico, who subservient to Donald Trump’s administration, have chosen the path of repression. Bartolo Fuentes, a Honduran journalist and spokesperson for the refugees, has been detained in Guatemala. Meanwhile the Mexican government has sent two planeloads of its National Police to the border with Guatemala. Irineo Mujica, a migrant rights activist and photojournalist, was arrested in Chiapas by agents of the Mexican National Institute of Migration when he was getting ready to support the Honduran migrant march. Today (Friday) in the afternoon, tear gas was fired into the group as they tried to come into Mexico on the border bridge. Honduran human rights organizations report that a 7 month old baby was killed.

The massive forced flight of people from Honduras is not new; it is the legacy of US intervention in the country. Since the 2009 US-backed coup in Honduras, the post-coup regime has perpetuated a system based on disregard for human rights, impunity, corruption, repression and the influence of organized crime groups in the government and in the economic power elite. Since the coup, we have seen the destruction of public education and health services through privatization. The imposition of mining, hydro-electric mega-projects and the concentration of land in agro-industry has plunged 66 percent of the Honduran population into poverty and extreme poverty. In the last 9 years, we have witnessed how the murder of Berta Cáceres and many other activists, indigenous leaders, lawyers, journalists, LGBTQ community members and students has triggered a humanitarian crisis. This crisis is reflected in the internal displacement and the unprecedented exodus of the Honduran people that has caught the public’s eye during recent days.

The fraudulent November 2017 elections, in which Juan Orlando Hernández -president since questionable elections in 2013- was re-elected for a second term in violation of the Honduran constitution, sparked a national outrage. The people’s outrage was confronted by an extremely violent government campaign with military and US-trained security forces to suppress the protests against the fraud. The result of the repression was more than 30 people killed by government forces, more than a thousand arrested and there are currently 20 political prisoners being held in pre-trial prison.

To the repression, intimidation and criminalization faced by the members of the refugee caravan, we respond with a call for solidarity from all the corners of the world. In the face of the violence that has led to the mass exodus of hundreds of thousands of Hondurans, we demand an end to US military and security aid to Juan Orlando’s regime, not as the blackmail tool used by Donald Trump, but as a way to guarantee the protection of the human rights of the Honduran people. We demand justice for Berta Cáceres, for all the victims of political violence as a consequence of the post coup regime, and the approval of the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act H.R. 1299. We demand freedom for all the  political prisoners in Honduras. We demand the US end the criminalization, imprisonment, separation, deportation and killing of migrants and refugees.

Today we fight so that every step, from Honduras to the north of the Americas, is dignified and free

Honduras Solidarity Network of North America

October 19, 2018

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